El proyecto de ley que busca establecer el boleto gratuito para jubilados y pensionados en el transporte público, y que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, encendió las luces de alerta en el Poder Ejecutivo por su impacto fiscal.
El ministro de Transporte, Logística e Integración Regional, Eduardo Andrada, si bien no se opuso a la iniciativa, puso el foco en la principal preocupación del Gobierno; el financiamiento.
"Es una erogación nueva para la provincia", sentenció Andrada en una entrevista con LA BRÚJULA. El ministro fue contundente al señalar que, aunque el proyecto es de origen legislativo, el costo recaerá íntegramente sobre las arcas provinciales. "Hay que ver de dónde sacará los recursos la provincia para hacerse cargo de eso", cuestionó.
Actualmente, los adultos mayores acceden a una "tarifa social" nacional que les descuenta un 55% del valor del pasaje, dejándolo en 427 pesos. La nueva ley busca llevar ese beneficio a la gratuidad total.
En el Senado
Ante el avance del proyecto, el Ejecutivo moverá sus fichas en la Cámara de Senadores, donde la iniciativa deberá ser ratificada. Andrada anunció que pedirá una reunión formal con el presidente del bloque de senadores para "colaborar técnicamente" desde el Ministerio, como autoridad de aplicación.
El objetivo de esta intervención es aportar datos que permitan "hacer algunas modificaciones" o, al menos, dimensionar el esfuerzo presupuestario que implicará.
El principal obstáculo que enfrenta el propio Gobierno es la falta de datos precisos. El ministro explicó que el universo de beneficiarios de la tarifa social es amplio y no está debidamente segmentado. "No nos olvidemos que en ese 55% no solamente hay jubilados y pensionados, sino también programas Progresar, Potenciar, jubilados de Malvinas y otros beneficios más", detalló.
Para solucionar este vacío de información, Andrada informó que ya se solicitó formalmente a Nación Servicios (la entidad que administra el sistema SUBE) que "desglose" la información. El objetivo es "hacer un buen mapeo de lo que son los descuentos" para poder discutir la ley en el Senado con cifras reales sobre la mesa y garantizar que sea "justa" y, sobre todo, financiable.
