La fiscal de la Sexta Circunscripción, Jorgelina Sobh, detalló los alcances de la instrucción general dispuesta por la Procuración. El nuevo marco, de cumplimiento obligatorio desde 2026, exige investigar con perspectiva de género no solo los homicidios, sino también suicidios y accidentes. Pese a las limitaciones de recursos en el interior, aseguran que la medida "no es una opción política, sino una obligación jurídica".
Actualidad16 de diciembre de 2025
En un cambio de paradigma para la justicia penal de la provincia, el Ministerio Público Fiscal de Catamarca ha instruido la implementación de un nuevo "Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)". La medida, impulsada por el Procurador General, Tristán Lobo, busca estandarizar la actuación judicial bajo estándares internacionales.
La Dra. Jorgelina Sobh, fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial (con sede en Recreo), explicó la trascendencia de esta normativa que modifica la base misma de la instrucción penal preparatoria.
Un imperativo legal, no ideológico
Sobh fue contundente al desvincular la medida de debates ideológicos, enmarcándola estrictamente en el derecho.
"Analizar toda una investigación con perspectiva de género no implica una opción política, sino que es una obligación jurídica", afirmó la fiscal.
Según explicó en LA BRÚJULA el objetivo es alinear las investigaciones locales con los tratados internacionales, exigiendo una "debida diligencia reforzada" a todo el Ministerio Público Fiscal. Esto implica dejar de investigar "de manera descomprometida" para pasar a identificar activamente contextos de vulnerabilidad, edad y situación sociocultural de la víctima.
El alcance: suicidios y accidentes bajo la lupa
El punto más crítico del nuevo protocolo es la ampliación del espectro de investigación. Ya no se trata solo de casos caratulados inicialmente como homicidios.
"Toda muerte violenta de mujeres se va a investigar como si fuera un femicidio. Tanto los homicidios, tanto los suicidios, los accidentes, las muertes sospechadas de criminalidad o muertes dudosas, vamos a tener puesta esa mirada con perspectiva de género desde el inicio de la investigación", detalló Sobh.
Esta directriz busca evitar que femicidios encubiertos (simulados como suicidios o accidentes) queden impunes por una investigación inicial deficiente. Para ello, las autopsias serán obligatorias en todos estos casos.
El desafío territorial y la falta de recursos
La implementación del protocolo enfrenta obstáculos logísticos, especialmente en el interior profundo. La Dra. Sobh, cuya jurisdicción abarca una vasta zona desde Casa de Piedra hasta las Salinas Grandes, reconoció las asimetrías con la Capital.
"No contamos con unidades judiciales o con delegados judiciales en las comisarías... las comisarías carecen muchas veces de computadoras o de recursos humanos o de móviles para llegar al lugar", admitió.
Sin embargo, destacó una ventaja estratégica en su circunscripción: "En mi caso en especial, yo cuento con un médico forense, lo que las demás circunscripciones del interior no cuentan". Esto es vital para cumplir con la inmediatez que exige el protocolo en la escena del hecho.
Estadísticas que alarman
La necesidad de este protocolo se sustenta en los números. Solo en el mes de noviembre, la Sexta Circunscripción recibió 92 denuncias, de las cuales 23 correspondieron específicamente a violencia de género (lesiones leves, amenazas y delitos contra la integridad).
De cara al pleno cumplimiento de la norma a partir del 1 de enero de 2026, la fiscalía apuesta a una coordinación total entre fuerzas de seguridad, peritos y funcionarios. "Vamos a tratar de poner todo de nuestra parte para poder cumplimentarlo como debe ser", concluyó Sobh.
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