El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 dictó este martes el sobreseimiento parcial del empresario Lázaro Báez, sus hijos y otros imputados en una causa por evasión impositiva vinculada a la empresa Austral Construcciones. La medida responde a la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal, una norma que elevó significativamente los montos mínimos requeridos para considerar la falta de pago de impuestos como un delito penal.
A partir de esta resolución, la investigación judicial continuará activa únicamente por el ejercicio fiscal 2012, quedando descartados los cargos correspondientes a los años 2010, 2011, 2013 y 2014.
La decisión judicial se fundamenta en que la nueva ley establece que la evasión simple solo se configura cuando la suma supera los $100 millones por tributo y por año, mientras que para la evasión agravada el piso se fijó en $1.000 millones.
Dado que la mayoría de los montos investigados en este expediente quedaron por debajo de estos nuevos límites legales, el tribunal aplicó el principio de la ley penal más benigna. Bajo este criterio jurídico, si una ley posterior al hecho beneficia al imputado, debe aplicarse de manera retroactiva.
Los jueces Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli rechazaron la postura del fiscal general Diego Velasco, quien se oponía al sobreseimiento argumentando que la ley solo actualizaba valores por inflación y no representaba un cambio de criterio penal. Sin embargo, el fallo determinó lo siguiente:
Lázaro, Martín y Luciana Báez: Recibieron un sobreseimiento parcial. Seguirán siendo investigados solo por el año 2012, donde las deudas de IVA y Ganancias superaron los $100 millones.
Leandro Báez: Fue beneficiado con un sobreseimiento total, al igual que otros colaboradores de la firma.
Foco en 2012: La causa se concentrará exclusivamente en ese período, donde Austral Construcciones registró cifras que exceden los límites de la nueva normativa.
La Ley de Inocencia Fiscal fue diseñada con el objetivo de concentrar los recursos del sistema judicial en casos de mayor impacto económico. Esta resolución sienta un precedente relevante para otras causas de evasión en trámite que manejan cifras hoy consideradas "menores" bajo el nuevo marco legal.
