En un escenario político marcado por la celeridad legislativa, el sistema de seguridad social argentino se enfrenta a desafíos estructurales que podrían redefinir los derechos de millones de beneficiarios. El Dr. Luis Herrero, exjuez camarista de la Cámara Federal de Seguridad Social, analizó en una reciente entrevista la estrecha relación entre la reforma laboral y la previsional, advirtiendo que "como funcione el sistema laboral, funcionará el sistema previsional".
La Justicia de Seguridad Social: ¿Un sistema sin representación?
Uno de los puntos más críticos señalados por el especialista es la alarmante falta de idoneidad y representación en los altos tribunales. Herrero destacó que, pese a que el 70% del presupuesto nacional se destina a la seguridad social, esta disciplina no cuenta con representantes específicos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Nunca nos ha ido bien en las reformas previsionales porque no son encaradas por personas especializadas en seguridad social, sino por economistas o financistas", sentenció el exmagistrado, en LA BRÚJULA , subrayando que la ausencia de esta mirada técnica afecta directamente la interpretación del Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Vacantes y "Jueces Temerosos"
La situación operativa de la Justicia también está bajo la lupa. Según Herrero, la falta de cobertura de vacantes es "alarmante", superando el 60% de los cargos en el fuero de la Seguridad Social de la Capital Federal. Estos puestos están siendo ocupados por secretarios subrogantes que, al estar concursando para cargos fijos, quedarían —según su visión— condicionados por el poder político de turno.
"Los jueces argentinos le temen más al poder político que a la Constitución", afirmó Herrero, vinculando este miedo a la influencia del Consejo de la Magistratura, al que describió como un organismo "dominado por la corporación política".
Para el jubilado, el camino no termina con un fallo favorable. Herrero denunció que el 95% de las sentencias en Capital Federal y el interior del país son incumplidas por la ANSES dentro de los plazos legales de 120 días. Esta "desobediencia" obliga a los beneficiarios a iniciar nuevos y tediosos procesos de ejecución de sentencia que pueden durar años, desvirtuando el carácter alimentario de sus haberes.
Perspectivas: Entre la reforma y la inconstitucionalidad
Ante la inminencia de nuevas leyes, el Dr. Herrero fue categórico: se espera una avalancha de planteos de inconstitucionalidad. El antecedente del fallo "Fernández Pastor contra Estado Nacional", donde la Corte legitimó la aplicación retroactiva de la movilidad de la era Macri, es visto por el exjuez como una señal restrictiva que afecta la garantía de movilidad constitucional.
