La provincia de Catamarca se encuentra conmocionada tras la viralización de material fotográfico explícito que expone situaciones de abuso sexual infantil y pedofilia. Sin embargo, desde la ONG Red de Infancia Robada (Foro Catamarca), han encendido las alarmas no solo por el horror de las imágenes, sino por el tratamiento mediático y político que está recibiendo el caso, donde la disputa partidaria parece tener más peso que la protección de las víctimas.
En diálogo con LA BRÚJULA, Gabriela Nieva Larcher, referente de la organización, subrayó que este tipo de hechos no deben analizarse de forma aislada. "La pedofilia siempre está relacionada, posiblemente, a la trata de personas". Según la profesional, el material capturado —que muestra la vulneración de niñas sin vestimenta— alimenta un mercado ilegal que mueve grandes sumas de dinero a través de redes sociales en Argentina.
Instó a las autoridades judiciales a profundizar la investigación para determinar si existen delitos conexos. "Nada es ingenuo. No podemos pensar que acá hubo una 'travesura' de un señor con unas niñas y otra 'travesura' al hacer circular las imágenes. Hay un mercado que consume pedofilia y eso es lo que debe investigarse de fondo".
El falso debate del "consentimiento"
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el discurso de algunos sectores que intentaron justificar los hechos alegando supuestos vínculos "consentidos". Ante esto, la Red de Infancia Robada fue categórica: "Cuando se trata de menores de 18 años, el consentimiento no exime de responsabilidad penal".
La organización enfatizó que hablar de consentimiento en menores es ignorar las situaciones de vulnerabilidad afectiva y económica que suelen rodear estos casos. "Si decimos que esto fue consentido, estamos naturalizando una práctica que es, lisa y llanamente, un abuso", sentenció Larche, recordando que la configuración cultural del abuso ha avanzado hacia una tolerancia cero gracias a los marcos internacionales de derechos humanos.
Justicia y prevención: una agenda urgente
Desde la ONG exigen una reunión con los operadores judiciales a cargo de la causa para garantizar que la investigación sea idónea y no quede supeditada a "pases de facturas" entre partidos políticos. Asimismo, manifestaron su preocupación por la posibilidad de que este no sea un hecho aislado, sino una modalidad persistente en la provincia que involucre a más víctimas.
"Cualquiera de nuestros hijos puede ser víctima de este tipo de prácticas", concluyó Larcher, reafirmando que para el próximo año, la lucha contra la trata y la explotación infantil será el eje central de su agenda institucional ante la creciente movilidad de personas a nivel global.
