En un paso trascendental hacia la modernización y el ordenamiento de la ciudad, la Municipalidad de la Capital ha lanzado su primer Código Urbanístico (CU), una herramienta normativa diseñada para regular de manera integral el crecimiento urbano. Este nuevo marco surge como la implementación operativa de los lineamientos trazados en el Plan Estratégico Integral 2030 y el Plan de Ordenamiento Territorial, consolidando la visión de una ciudad más compacta, policéntrica y accesible para todos sus habitantes.
La creación de este código permite unificar y modernizar normativas previas que se encontraban dispersas, otorgando coherencia jurídica y técnica a la regulación local. Al aglutinar estas reglas en un solo cuerpo legal, el Estado municipal optimiza su capacidad de gestión y ofrece reglas claras para quienes desarrollan actividades vinculadas a la construcción, el uso del suelo, la movilidad y la inversión urbana, fomentando un entorno de previsibilidad para el sector privado y profesional.
Eugenia García Posse, directora de Planificación Estratégica y Gobierno Abierto, explicó que el proceso implicó revisar profundamente qué normativas vigentes eran funcionales a los objetivos actuales y cuáles debían actualizarse. Según la funcionaria, la principal ventaja es que toda la extensión de la ciudad estará ahora reglamentada bajo este código único, lo que cambia y moderniza sustancialmente la manera de trabajar y planificar el territorio capitalino.
Respecto a su puesta en marcha, la implementación se coordina actualmente con las áreas de Catastro y Fiscalización, que actúan como autoridades de aplicación. García Posse aclaró que todos los proyectos y planos presentados a partir de la promulgación se regirán por la normativa actual, mientras que aquellos expedientes iniciados con anterioridad mantendrán la metodología previa para garantizar la seguridad jurídica de los trámites en curso.
Un aspecto destacado del Código Urbanístico fue su carácter participativo, logrando un consenso histórico tras numerosas reuniones de validación con la Unión de Arquitectos, el Concejo Deliberante, empresas de servicios y diversos organismos públicos. Esta construcción colectiva permitió que la normativa fuera aprobada por unanimidad el pasado 16 de diciembre, reflejando el compromiso tanto del oficialismo como de la oposición con un desarrollo urbano equitativo y sostenible que trascienda las gestiones de gobierno.
