En un contexto de creciente tensión legislativa y ambiental, la discusión en torno a la modificación de la Ley de Glaciares ha encendido las alarmas de organizaciones especializadas. El Dr. Gonzalo Vergez, coordinador del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, analizó en Radio Valle Viejo las implicancias jurídicas y ambientales del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Una reforma a medida de la megaminería
Según el análisis de los especialistas, la iniciativa oficial busca perforar el blindaje legal que hoy protege a los cuerpos de hielo y sus zonas periglaciares. "Esta reforma no expresa un debate técnico ni una discusión académica. Lo que está en juego es una modificación de la política de fondo que pone en riesgo ni más ni menos que las reservas estratégicas de agua", sentenció Vergez en LA BRÚJULA
El letrado advirtió que la modificación responde a un pedido expreso del sector minero. "Es una modificación a pedido de las provincias mineras y de representantes de las empresas megamineras que quieren avanzar sobre espacios que efectivamente estaban protegidos en su totalidad desde hace más de 15 años", explicó.
Uno de los puntos más críticos señalados por la Asociación es el cambio de paradigma en la protección. La Ley de Glaciares vigente, basada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, funciona como una "ley de presupuestos mínimos", estableciendo un piso de protección que las provincias solo pueden ampliar, nunca reducir.
Sin embargo, Vergez alerta que la reforma propuesta invierte esta lógica: "Esta modificación no solo establece un piso, sino que establece un sótano. Las propias provincias serán las que definirán si los glaciares, según su 'relevancia hídrica', pueden ser explotados o no". Esto implicaría delegar en organismos locales la facultad de quitar glaciares del inventario nacional para habilitar actividades extractivas, vulnerando el principio de no regresión ambiental.
Riesgos irreversibles para el agua
El impacto de avanzar sobre estas áreas protegidas podría ser devastador e irreversible. "Una vez que volamos un glaciar a través de la megaminería, no hay posibilidad de reconstruirlo", enfatizó el abogado. El riesgo directo recae sobre la provisión de agua potable y el caudal de ríos que sostienen actividades productivas vitales en medio de una crisis hídrica global.
Un debate nacional postergado
Desde la Asociación de Abogados Ambientalistas celebran la postergación del tratamiento legislativo hasta febrero, considerándolo una oportunidad para "nacionalizar el debate". Critican duramente el tratamiento exprés que se intentó dar en el Congreso, donde la participación de la sociedad civil y la comunidad científica fue restringida, y ni siquiera se consultó al IANIGLA, el organismo técnico responsable del inventario nacional de glaciares.
