El crecimiento del parque de motovehículos y su impacto en la seguridad vial en Argentina

El incremento en la venta de motocicletas en el país responde a una combinación de factores económicos y deficiencias estructurales en el transporte. Según el Ing. Fabián Pons, Director del Observatorio Vial Latinoamericano, este fenómeno no ha sido acompañado por políticas de seguridad vial adecuadas, lo que ha generado un escenario de riesgo creciente.

La moto como alternativa al transporte público

Pons señala que la motocicleta se ha consolidado como un vehículo multipropósito debido a su bajo costo de adquisición y mantenimiento. Sin embargo, su auge principal radica en que "suple en gran medida la falta de transporte público de pasajeros". Según el especialista, esta situación ha llevado a que muchos municipios flexibilicen los requisitos para el patentamiento y la circulación.

Déficit en la formación y control

Uno de los datos más alarmantes aportados por el ingeniero es la falta de pericia de los usuarios. "Más del 80% de la gente que anda en moto no tiene los conocimientos mínimos básicos de cómo se usa una moto", afirmó, detallando que gran parte de los conductores desconoce maniobras fundamentales como el frenado correcto, el trazado de curvas o la gestión de puntos ciegos.

Asimismo, cuestionó la rigurosidad de las autoridades locales:

"Los requisitos para poder obtener una licencia de conducir son mínimos; en muchos municipios, prácticamente nulos. Los controles que hay son muy pocos".

Impacto económico en el sistema de salud

La siniestralidad vial representa una carga financiera significativa para el Estado. Pons precisó que la recuperación de un accidentado grave tiene un costo operativo para el sistema sanitario de "entre 1.000 y 1.500 dólares diarios". En términos de mortalidad, advirtió que en algunas provincias argentinas "más del 70% de las muertes en siniestros viales son protagonizadas por motociclistas".

La postura de la gestión política

Finalmente, el entrevistado analizó la dificultad de implementar controles más estrictos debido a la función social que cumple este vehículo. Según relató tras consultas con funcionarios municipales, existe una resistencia a aplicar la ley con rigor:

"Si yo me pongo estricto con el tema de la moto, me van a reclamar transporte público y no estoy en condiciones de hacerlo".

Esta dinámica, concluyó Pons, posterga soluciones de fondo en materia de seguridad vial en favor de mantener la movilidad de los ciudadanos.