La decisión fue confirmada por el Ministerio de Minería provincial, a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, organismo que depende del área de Desarrollo Minero y comunicado al gobernador Raúl Jalil durante una reunión en Casa de Gobierno. La medida se adoptó luego de evaluar las características del área y considerar los planteos expresados por la comunidad local.
Según informaron, la zona presenta una alta sensibilidad sociddal, además de albergar recursos naturales de particular valor y evidencias de intervenciones antrópicas previas, factores que fueron determinantes en el análisis.
En este sentido, las autoridades recordaron que la posesión de una concesión minera no implica una habilitación automática para iniciar actividades. Para ello, las empresas deben presentar los correspondientes informes de impacto ambiental y atravesar los procesos de evaluación establecidos por la normativa vigente.
No obstante, en este caso específico, se resolvió no autorizar ningún tipo de intervención, ni siquiera aquellas de carácter prospectivo y no invasivo.
De este modo, el proyecto queda sin posibilidad de ejecución en las condiciones actuales, priorizando la protección ambiental y las demandas sociales por sobre el desarrollo de la actividad minera en la zona. Asimismo, el concesionario ha desistido de realizar actividades ya que no es viable la región.
