En un escenario de creciente tensión entre las instituciones de educación superior y el Ejecutivo Nacional, la situación financiera de las universidades argentinas ha ingresado en un terreno de incertidumbre legal y asfixia económica. Francisca Staiti, Secretaria General de CONADU Histórica, advirtió que el sector enfrenta un doble frente de conflicto: un presupuesto prorrogado que no contempla la inflación acumulada y una batalla judicial por el incumplimiento de las leyes de financiamiento vigentes.
Desde el análisis económico, la pérdida del salario real en el sector universitario ha alcanzado niveles alarmantes. Según Staiti, la brecha entre los incrementos otorgados y el aumento del costo de vida ha generado un deterioro profundo en el bolsillo de los trabajadores.
"En nuestro bolsillo hay una pérdida casi de entre el 45% y el 50% de poder adquisitivo. Eso es lo que ha perdido nuestro salario de noviembre del 23 a la fecha", afirmó la dirigente gremial en LA BRÚJULA
Staiti explicó que, dependiendo de cómo se realice el cálculo de recomposición —considerando o no los meses finales de la gestión anterior—, la deuda salarial equivale a entre siete y diez sueldos. "Por más que se envíe el presupuesto... los salarios siguen siendo de miseria", sentenció.
El conflicto no es solo contable, sino también normativo. La referente de CONADU Histórica denunció que el Gobierno Nacional está incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario a través de decisiones administrativas que afectan directamente el funcionamiento de las casas de estudio.
Recortes por decreto: Staiti mencionó un reciente recorte de 5.300 millones de pesos destinados fundamentalmente a obras de infraestructura universitaria.
Inconstitucionalidad: La dirigente apuntó contra el Decreto 759/24, calificándolo como una medida donde el Ejecutivo "promulga una ley y el mismo Ejecutivo dice que no la va a cumplir", lo cual considera "a todas luces inconstitucional".
Incumplimiento de la cautelar: Existe una orden judicial que obliga al Gobierno a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley (referidos a salarios y becas), la cual, según la secretaria, sigue sin ejecutarse plenamente.
Para la especialista, este escenario trasciende lo salarial y pone en riesgo el equilibrio de poderes. Staiti manifestó su preocupación por lo que define como una actitud autocrática del Gobierno: "Hoy el Ejecutivo se erige en una autocracia, en estar por encima de los demás poderes y no cumplir con lo que dice la ley".
Mientras la disputa se traslada a la Corte Suprema mediante recursos extraordinarios, el sistema universitario opera con partidas que, en términos reales, representan una fracción de lo necesario para garantizar el funcionamiento básico y la calidad educativa en todo el territorio nacional.
