La inminente entrada en vigencia de la Ley 27.801, prevista para el próximo 5 de septiembre, ha encendido las alarmas en los ministerios públicos y poderes judiciales de diversas provincias argentinas. La reforma, que introduce modificaciones sustanciales al Régimen Penal Juvenil, no solo reduce la edad de punibilidad a los 14 años, sino que amplía el catálogo de delitos perseguibles para esta franja etaria y plantea un nuevo esquema de sanciones.
El Dr. Germán Martín Aimar, Fiscal de Delitos Juveniles del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, analizó en una reciente entrevista los alcances y las complejidades de aplicar esta normativa en la realidad territorial del país, advirtiendo que la transición será un "cambio muy importante" que exigirá un esfuerzo institucional sin precedentes.
Impacto cuantitativo y el dilema presupuestario
Uno de los aspectos más críticos de la reforma es el incremento inmediato de la población adolescente que ingresará formalmente al sistema de justicia penal. Según el fiscal, las proyecciones iniciales anticipan un escenario de saturación si no se disponen los recursos necesarios.
"Va a haber muchos más adolescentes en el sistema penal. Una de las proyecciones que se hace, obviamente, es lo cuantitativo. (...) Las proyecciones que hacemos acá en Neuquén es que nos duplique los ingresos de adolescentes al sistema."expresó LA BRÚJULA
Este incremento se verá potenciado por un cambio en la persecución de conductas que antes quedaban fuera de la órbita de la justicia penal juvenil. Aimar detalló que, bajo el marco anterior, existía una serie de infracciones catalogadas como no punibles que ahora sí recibirán reproche legal: "Hoy, a partir de esta nueva ley con la edad de 14 años, es probable también que haya más denuncias porque, además, con la anterior ley había una serie de delitos que eran no punibles. Una serie de delitos importantes. (...) Todo lo que es lesiones leves, daños, amenazas, también va a ir al sistema penal juvenil tradicional".
El fiscal puso el dedo en la llaga respecto a una asimetría clave de la Ley 27.801: el financiamiento. Mientras que la normativa nacional contempla partidas para su propia estructura, delega la carga financiera del nuevo aparato institucional en las arcas de cada provincia.
"La ley nacional trae presupuesto para ellos mismos. Y el impacto que tiene en los presupuestos provinciales es enorme. Las provincias van a tener que hacer sus propias partidas para reforzar el sistema que hay donde hay, para ampliarlo y para generar las instituciones nuevas que está pidiendo la nueva ley."
Más allá de la logística y el presupuesto, la reforma introduce un régimen de sanciones alternativas y una diversificación de los dispositivos de restricción de la libertad que las provincias aún no han podido materializar en el territorio. "Trae también institutos de abiertos, semiabiertos y cerrados. Entonces va a exigir de los estados provinciales una inversión importante, una adecuación importante", explicó el funcionario.
Aimar manifestó su preocupación por la falta de previsión en torno a la infraestructura de detención y el perfil de los jóvenes afectados. "Es muy novedoso los institutos de encierro. La verdad que esto es una complejidad muy importante y tampoco está proyectado cuántos chicos van a ser. (...) De hecho, no están, entonces mucho menos sabemos cómo van a funcionar", advirtió, recordando además que jurisdicciones como Catamarca y Neuquén ya arrastran antecedentes históricos complejos y "experiencias bastante trágicas" con los centros de detención de menores.
Desde una perspectiva sociológica y estrictamente jurídica, el fiscal cuestionó la eficacia del encierro punitivo como respuesta principal en sujetos que se encuentran en pleno proceso de desarrollo de su personalidad:
"La situación como está planteada en la ley va a agravar algunas situaciones porque apuesta mucho al encierro. Y el encierro en la adolescencia, lejos de generar procesos positivos de reintegración, muchas veces solidifica algunas identidades que a esa edad son lábiles todavía. Uno puede todavía ahí trabajar con acompañamiento, con otras cosas diferentes."
Ante la consulta sobre la demanda social de que los menores "se hagan responsables" por la comisión de delitos, el especialista aclaró que el principio de responsabilidad no está en discusión, sino la finalidad del castigo. "Responsabilidad claramente hay. Saber, saber, saben lo que hacen. Pero lo que está bastante claro es que el castigo no funciona para reintegrar a esos chicos", sentenció.
Para Aimar, el verdadero desafío judicial y ejecutivo radica en el abordaje post-penitenciario, considerando que la ley fija un límite de edad con una pena máxima de 15 años, lo que implica que la totalidad de estos jóvenes recuperarán la libertad en su adultez temprana.
"Va a ser un desafío enorme trabajar con chicos de 14 y 15 años. Son chicos. (...) Es interesante en esa etapa trabajar con las causas. Si es el grupo de pares, si es la droga, si es la familia, si es alguna cuestión individual, personal, patológica... Trabajar sobre eso. Y se puede; la verdad que se puede y hay muy buenos resultados cuando uno tiene las herramientas y los recursos."
El fiscal concluyó enfatizando que, si el sistema se limita a recluir al adolescente sin neutralizar los factores subyacentes de vulnerabilidad, el fracaso estatal está asegurado: "Si no, va a ser igual. Va a llegar al mismo lugar después de años de encierro, con todo el deterioro que significa para un pibe estar encerrado: de salud, de psicología, de pérdida de habilidades laborales. Ese es el desafío enorme".
