Existe una profunda preocupación en el arco sanitario del país tras conocerse la intención del Poder Ejecutivo de avanzar con un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, popularmente conocida como la Ley de Etiquetado Frontal. Más de 300 organizaciones de la academia y de la sociedad civil ya han manifestado su absoluto rechazo a la iniciativa oficial, alertando que no existen argumentos sanitarios que la sustenten.
Ell Licenciado Ignacio Porras, especialista en nutrición y director ejecutivo de la Fundación SANAR, fue categórico respecto a las presiones corporativas detrás de esta medida: “Siempre, siempre, siempre hubo interferencia de la industria, hubo intereses. Claramente esta ley toca intereses porque la desinformación de la gente es un gran negocio para la industria alimentaria”.
Según Porras, el actual Gobierno muestra una “mayor permeabilidad a esa interferencia, a esas presiones”, impulsando una medida que carece de fundamentos técnicos. “No hay absolutamente un argumento sanitario que justifique esta medida. Es de locos”, sentenció en LA BRÚJULA
Una herramienta clave para el consumidor
Frente a las críticas que señalan que los octógonos negros asustan al consumidor o complican la comercialización, los datos oficiales del propio Ministerio de Salud de la Nación demuestran una realidad opuesta: el etiquetado funciona como una herramienta de información, no de prohibición. Estadísticas recientes reflejan que el 90% de los consumidores está de acuerdo con la presencia de los sellos, y un alto porcentaje ha modificado sus decisiones de compra en góndola (un 58% en galletitas y un 48% en yogures).
“El etiquetado no le impide comprar nada a nadie”, aclaró el especialista, respondiendo a quienes acusan a la ley de coartar libertades individuales. “Lo que no se puede es dejar en banda a la gran mayoría de argentinos y argentinas que tienen enfermedades por malnutrición por exceso, y que hoy en día son la principal causa de muerte en nuestro país”.
Para dimensionar la gravedad de la situación, Porras recordó cifras alarmantes previas a la pandemia, donde se registraban “640 personas por día por enfermedades no transmisibles a culpa del patrón alimentario que generan estos productos”.
El mito de las exportaciones y el "marketing" infantil
El director de SANAR también desarmó uno de los argumentos más repetidos por las cámaras empresariales como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que sostiene que la ley perjudica a las PyMEs que buscan exportar. “Siempre que quieras exportar, sea lo que sea, vas a cumplir la normativa del país al cual estás exportando. Poco tiene que ver la normativa de tu país”, explicó de forma didáctica.
Asimismo, Porras enfatizó que el corazón de la ley va mucho más allá de los sellos visibles en los paquetes, ya que regula los entornos escolares y prohíbe la publicidad dirigida a menores en productos que contengan al menos un octógono. “Las regulaciones que acompañan al etiquetado frontal impiden hoy que la industria alimentaria haga marketing pensando en los chicos. Y eso es importante porque moldean el patrón alimentario”, señaló, advirtiendo que la eliminación de personajes infantiles en cajas de cereales o cacaos no es una "pavada", sino una medida de protección necesaria ante un mercado que vende “cada vez más cosas y menos alimentos”.
Finalmente, el especialista lamentó que, en un contexto donde el Estado se está corriendo de sus funciones, se intente quitar una de las pocas políticas públicas eficientes y sin costo fiscal. “Esta es una política sanitaria que al Estado no le genera ningún perjuicio, no le genera costos.
