El reciente sismo ocurrido en Venezuela ha vuelto a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de diversas regiones frente a la actividad tectónica. Ante la pregunta de si en Argentina existe una situación similar, el Doctor en Geología especializado en Tectónica, Andrés Folguera, advirtió durante la entrevista con LA BRÚJULA que el escenario es, en varios aspectos, comparable.
“Tenemos fallas que son muy destructivas, que pueden producir terremotos de magnitud 7, 7,5... el escenario es relativamente parecido”, explicó el especialista. Folguera precisó que la provincia de Catamarca posee “numerosas fallas activas” en diversos puntos de su geografía. Entre las estructuras identificadas, mencionó específicamente la actividad existente en la Sierra de Ambato, la Sierra de Ancasti, la Sierra de VillaVvil, la Puna, Famatina, la cuenca de Fiambalá, y sectores en el valle de Chaschuíl. Muchas de estas fallas, lamentablemente, “están bastante poco conocidas”.
El Dr. Folguera enfatizó que el nivel de riesgo sísmico no solo depende de la actividad geológica, sino de la preparación de la sociedad ante una emergencia. “Como no hay en la memoria colectiva un sismo, prácticamente es como si no existiera ese problema”, señaló el experto, estableciendo una diferencia con San Juan y Mendoza, donde la población posee una mayor cultura antisísmica.
Ante la consulta sobre si estamos preparados para un desastre de tal magnitud en la Argentina, su respuesta fue contundente: “Yo diría que no”. Para el geólogo, si bien en la Argentina existen estudios que identifican las fallas activas, el problema central radica en la falta de aplicación de políticas estatales concretas.
“El problema más grave es que hay un divorcio en general con las políticas estatales que se aplican. Cuando eso pasa, la esfera política y los que tienen que aplicar políticas concretas, en general hay una desconexión. Entonces, lo que falta en Argentina son políticas concretas, no conocimiento; conocimiento por suerte hay”.
El especialista subrayó la necesidad urgente de que las autoridades nacionales y provinciales tomen cartas en el asunto para que, junto a organismos como el CIGEMA y Defensa Civil, se implementen protocolos adecuados, se enseñe a la sociedad cómo actuar y se construya, finalmente, con estándares sismorresistentes.
