La instalación de un centro de disposición final de residuos sólidos urbanos por parte del municipio de Santa María (Catamarca), en la zona limítrofe con Tucumán, desencadenó un firme reclamo territorial y ambiental. Desde la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle advierten sobre la vulneración de sus tierras ancestrales y la falta de transparencia en el proyecto.
El Cacique de la comunidad, Horacio Díaz, expresó que la situación altera la convivencia regional:
"Esto que está sucediendo no es grato para nosotros y viene a afectar la armonía que tenemos con la hermana localidad de Santa María, Catamarca."
El cacique remarcó en LA BRÚJULA que el principal desencadenante del conflicto ha sido la falta de diálogo por parte de las autoridades municipales desde finales del año pasado, momento en el que comenzaron los reclamos formales.
"Nosotros lo que reclamamos es el silencio administrativo y la desestimación que viene en la forma en que viene obrando la intendenta de Santa María. Nosotros, cuando nos anoticiamos de esto —te estoy hablando de septiembre-octubre del año pasado—, le solicitamos a ella una reunión y que nos explique en qué consistía el proyecto."
Pese a reiterados pedidos presentados en diciembre, marzo y una posterior carta documento, no han obtenido respuestas concretas respecto a los detalles técnicos de la obra.
Díaz argumenta que el emplazamiento del basurero vulnera un territorio histórico cuya posesión sostienen por más de tres siglos, abarcando una fracción de entre 100 y 150 hectáreas directamente afectadas.
"Es una responsabilidad y un compromiso que uno tiene de velar por el territorio, no por hoy, sino por hoy y por el mañana. Para nosotros, esto pasaría a ser una usurpación de nuestro territorio. Hay historia que habla de cerca de 300 años de historia de nuestra comunidad."
Ante la falta de comunicación, la comunidad prepara acciones legales ante la justicia nacional:
"Estamos en las vísperas, muy próximos a iniciar una demanda judicial en el fuero federal, ya que no se nos ha informado del proyecto."
Uno de los puntos más críticos señalados por el cacique es el peligro ambiental que implica la ubicación de la planta para la región semiárida y sus recursos hídricos. Un eventual filtrado de lixiviados impactaría de manera directa en el cauce principal del río Santa María, el cual fluye de sur a norte.
"Los ríos de cercanía botan hacia el río Santa María. De existir en algún momento alguna fuga de los lixiviados, eso directamente va al cauce del río Santa María. Todos los pueblos que están a las periferias y toman en su mayoría agua de este cauce hídrico se pasarían a ver afectados."
Díaz detalló que la preocupación alcanza a diversas poblaciones aledañas como Fuerte Quemado, Quilmes, Colalao del Valle, Tolombón y Cafayate.
Respecto al estado actual del proyecto, el cacique estimó que la obra presenta un avance de entre el 50% y el 60%. Pese a los anuncios oficiales que ponderan el predio como una planta de clasificación, la comunidad denuncia contradicciones en el discurso del municipio.
"En el relato de las autoridades de Santa María hay un doble discurso, porque desde un principio se habla de una planta de clasificación y, en el andar, no se habla de ninguna planta de tratamiento: es todo soterramiento."
Frente a esta situación, la postura de la comunidad indígena es clara e inflexible respecto a la continuidad de los trabajos:
"En primera instancia, que cancelen la obra, porque nosotros desconocemos la totalidad del proyecto y después tendremos que preguntarle a la comunidad. La comunidad, en la forma en que esto está avanzando, no lo está tomando de buena manera."
Mientras evalúan concretar reuniones con el Fiscal de Estado de Tucumán y de Catamarca para solicitar su intervención, el líder indígena concluyó señalando la actitud de las autoridades locales:
"Llama la atención; hay un viejo dicho que dice 'quien nada debe, nada esconde'. Nosotros juzgamos mucho la forma y los comportamientos en que nos está tratando la señora intendenta."
