El Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Provincia de Catamarca concretó la firma de un convenio de cooperación con la Defensoría del Pueblo para el establecimiento del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El anuncio contó con la presencia del gobernador, el vicegobernador, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Dr. Alberto Natella, y el Defensor del Pueblo, Dalmacio Mera.
Según detalló el secretario de Seguridad, Dr. Gastón Venturini, en LA BRÚJULA esta medida busca un marco específico de cooperación institucional con el fin de "establecer un marco específico de cooperación institucional destinado a promover acciones coordinadas para la prevención de la tortura y otros tratos crueles, conforme a los estándares previstos por el protocolo de la Convención contra la Tortura y de una Ley Nacional de Prevención de la Tortura".
El funcionario remarcó que el propósito central es que "Catamarca avance en estándares de prevención, de control y de transparencia en todos los lugares donde haya personas privadas o restringidas de libertad". Asimismo, aclaró la postura gubernamental tras este acuerdo: "Esto no quiere decir que con la firma de este convenio nosotros estemos reconociendo de alguna manera que haya tortura o malos tratos institucionalizados, pero sí corresponde, lo que hacemos, es asumir que todo sistema de encierro o restricción de libertad necesita controles, necesita protocolos, necesita información y canales de prevención".
Monitoreo amplio y mesa técnica
Venturini aclaró que la medida abarca diversos espacios de contención estatal más allá de las cárceles tradicionales, incluyendo "establecimientos penitenciarios como comisarías o dependencias policiales, o cualquier otro lugar que sea análogo donde una persona esté privada o restringida de libertad por intervención estatal".
En cuanto a la dinámica de trabajo, el secretario especificó que se articulará una mesa técnica coordinada directamente por la Defensoría del Pueblo, órgano al que definió como un "órgano autónomo con competencia en la protección de derechos frente a actos u omisiones de la administración pública".
Respecto al rol del Ministerio, señaló que se abocarán a "una colaboración técnica e informativa", funcionando como facilitadores de datos para respaldar "un plan provincial de adecuación a las recomendaciones del Comité Nacional".
Finalmente, el funcionario indicó que el análisis de las situaciones actuales y la recolección de datos y estadísticas serán un eje central de trabajo conjunto: "Los datos son fundamentales porque te marcan la situación actual y también el norte al cual se pretende mejorar",concluyó
