La trágica muerte de Trinidad Ballesteros en Córdoba, atacada por dos dogos argentinos en 2023, y la reciente condena impuesta por la Cámara del Crimen N° 1 de esa provincia al dueño de los animales, José Nieto, volvieron a encender el debate sobre la tenencia de animales de gran porte. En Catamarca, el ex legislador y ex concejal Simón Hernández recordó que el marco legal para prevenir estos episodios existe desde hace más de una década, aunque advirtió sobre las deudas pendientes en su aplicación efectiva.
Hernández rememoró que el trabajo normativo comenzó a gestarse a partir de antecedentes registrados en otras jurisdicciones del país. "Nosotros trabajamos el tema hace muchísimo. En el año 2009 logramos la sanción de una ordenanza en el ámbito de la ciudad, viendo antecedentes de otros lugares como Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba", explicó en LA BRÚJULA En aquel momento, la Ordenanza N° 4627 creó formalmente el Departamento de Zoonosis y Control Animal, bajo la órbita de la Dirección de Policía Municipal de la Secretaría de Gobierno capitalina.
Frente a los cuestionamientos iniciales que generó la iniciativa en su momento, el ex concejal aclaró cuál fue el verdadero espíritu de la regulación. "La discusión o el debate era si se atentaba o la normativa iba en contra de determinadas razas, y era todo lo contrario. Justamente era tomar conciencia, un régimen preventivo, de concientización, de conocimiento de que hay determinadas razas que por la raza en sí, o animales que por su contextura física o por antecedentes de agresividad, debían ser registrados", sostuvo.
Años más tarde, el proyecto escaló al parlamento provincial para darle alcance en todo el territorio catamarqueño. La ley, sancionada en 2018 y promulgada por el Poder Ejecutivo, fijó pautas concretas para el cuidado en la vía pública y los domicilios particulares. Entre las exigencias se destacan el uso estricto de correa y bozal, la apertura de un registro con libreta sanitaria e historial de conducta, y plazos perentorios para empadronar a los animales: dentro de los seis meses de nacimiento o dentro de los 15 días posteriores a la adquisición de un ejemplar adulto.
"Las normativas están vigentes, más allá de la falta o no de reglamentación para algunos detalles. Se pueden implementar concretamente. Nos parecía en ese momento que teníamos que ponerlo en agenda; era un tema que podía traer inconvenientes y que tenía que estar regulado", enfatizó el dirigente, al tiempo que subrayó que en la gestión pública suelen prevalecer otras urgencias, pero que en este caso está en juego la seguridad y la vida misma de las personas.
Hernández ilustró el riesgo cotidiano con una situación que golpeó de cerca a su entorno familiar la semana pasada. Su hermano, quien trabaja en el sector gastronómico privado, fue atacado por un dogo de Burdeos mientras realizaba un reparto a domicilio. Al abrirse la puerta de la vivienda, el animal salió descontrolado y le provocó heridas y mordeduras en el brazo. "Lo digo a título anecdótico porque no tuvo mayores consecuencias, pero pasa. No es contra determinadas razas, pero hay que tener cuidados específicos y tener en cuenta los antecedentes", concluyó, al insistir en que los propietarios deben responder con total rigurosidad por las conductas de sus animales.
