Ante el alarmante crecimiento de la violencia en las aulas y la impunidad que suele rodear al acoso escolar, un proyecto de ley en la legislatura provincial busca cambiar las reglas del juego. La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Carlos Ledezma, propone una modificación directa al Código de Faltas para establecer sanciones severas —que van desde multas económicas hasta días de arresto— para los padres o tutores que, notificados de la conducta agresiva de sus hijos, no intervengan para frenarla.
Cuando la educación falla, la ley interviene
El espíritu del proyecto nace de una realidad que los docentes y jueces ven a diario: la indiferencia de los adultos responsables. La propuesta legislativa plantea que el bullying no es solo una "cosa de chicos", sino el resultado de una falta de vigilancia y educación en el hogar.
Si un menor hostiga, golpea o ciberacosa sistemáticamente a un compañero, y sus padres hacen caso omiso a las advertencias escolares, la ley dejaría de considerar el hecho como un problema pedagógico para tratarlo como una contravención legal imputable a los adultos.
El aval judicial: La responsabilidad parental en la mira
El Dr. Rodrigo Morabito, Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil, analiza el trasfondo jurídico de esta iniciativa y manifesta que primero se debe definir que es bullying para luego actuar. Coincide en la necesidad de que los padres asuman las consecuencias de sus omisiones.
"No se trata de criminalizar al niño, sino de responsabilizar a quien tiene el deber de cuidarlo y educarlo. Entregar un celular o dejar a un hijo sin supervisión es una decisión adulta que puede tener consecuencias devastadoras para terceros", advierte en LA BRÚJULA
Para Morabito, la sanción a los padres funciona como un "resorte de última instancia" necesario cuando falla el pacto educativo. Explica que legalmente los padres son responsables de los daños que causan sus hijos menores bajo su tutela.
"Muchas veces el agresor sigue su vida normal mientras la víctima debe cambiar de escuela. Sancionar a los padres obliga a la familia del victimario a involucrarse forzosamente en la solución", sostiene el análisis jurídico.
Multas, trabajo comunitario y arresto
El proyecto de Ledezma no busca un fin recaudatorio, sino disuasorio y restaurativo. Las sanciones contempladas incluirían: Multas económicas: , Trabajo comunitario y Arresto, como medida extrema ante la reincidencia o la gravedad del abandono de sus deberes de cuidado.
La iniciativa abre un debate necesario en la sociedad: ¿Hasta dónde llega la libertad de crianza y dónde empieza la responsabilidad civil y penal de los padres frente al dolor ajeno? Con este proyecto, el mensaje es claro: el bullying dejará de ser gratuito para las familias que eligen mirar hacia otro lado.
