En el marco del inicio del periodo lectivo, Fernando Morales, Secretario General del gremio docente universitario (GDU) y referente de la CONADU Histórica, brindó un panorama crítico sobre la situación salarial y presupuestaria que atraviesan las casas de altos estudios. Con una medida de fuerza de una semana ya en curso, Morales advirtió en LA BRÚJULA que esta no será la última si el Gobierno Nacional persiste en su negativa de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario (27.795).
"Es una medida fuerte y contundente en respuesta al Gobierno Nacional, primeramente por no querer cumplir la ley que fue discutida, vetada, aprobada por amplias mayorías y ratificada por la justicia", señaló Morales, haciendo referencia a los fallos judiciales que ordenaron al Ejecutivo cumplir con la normativa, los cuales han sido respondidos con medidas cautelares por parte del Estado.
El referente gremial fue tajante al describir la realidad económica de los trabajadores del sector. Según Morales, un cargo testigo —correspondiente a un profesor semiexclusivo, ayudante de primera con 20 horas semanales— percibe actualmente 450.000 pesos.
"Es una vergüenza y son sueldos miserables los que hoy estamos cobrando", afirmó, desmitificando la creencia de que los universitarios perciben salarios altos. Además, denunció que el desfasaje salarial acumulado desde 2023 supera el 50%, mientras que la propuesta oficial del Gobierno se limita a un incremento no acumulativo del 12% distribuido en cuotas del 4% para marzo, junio y septiembre.
Morales explicó que el desfinanciamiento no solo afecta los bolsillos, sino la calidad de la educación y la investigación, áreas donde las universidades nacionales concentran el 70% de la producción científica del país.
"Hoy el universitario, para llevar adelante sus cátedras, proyectos de investigación o extensión, tiene que meterse la mano al bolsillo", relató Morales. Agregó que la precariedad laboral obliga a muchos docentes a tener dos o tres empleos ajenos a la academia para subsistir, lo que genera un "detrimento" en la actividad áulica y científica.
Ante la falta de acompañamiento de algunos legisladores nacionales, a quienes acusó de realizar "mala política", el secretario del GDU apeló al apoyo de la sociedad civil y de los padres de familia.
"No defender la universidad pública, el único espacio que garantiza el ascenso y la movilidad social, es prácticamente un delito de lesa humanidad", sentenció Morales, destacando que universidades de gran envergadura como la UBA, La Plata y el Litoral ya han manifestado su postura de no iniciar clases o ir a paro por tiempo indeterminado ante la gravedad de la crisis.
