En un revés judicial para la administración de Javier Milei, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictó un fallo que obliga al Gobierno Nacional a cumplir de manera efectiva con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión responde a una medida cautelar interpuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas de todo el país.
El fallo ratifica que el Poder Ejecutivo debe ejecutar de inmediato los puntos más sensibles de la normativa: la recomposición de los salarios docentes y no docentes, y la actualización de las becas estudiantiles.
La Justicia hizo especial hincapié en el cumplimiento de dos artículos fundamentales que el Gobierno mantenía en suspenso:
Artículo 5 (Salarios): Establece que el Ejecutivo debe actualizar los salarios del personal universitario tomando como piso la inflación acumulada (IPC) informada por el INDEC desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.
Artículo 6 (Becas): Dispone la actualización de los montos destinados a las becas de ayuda económica para los estudiantes, garantizando la permanencia en el sistema educativo.
Dato clave: La ley exige una inversión de 7,2 billones de pesos para el sistema universitario, mientras que el presupuesto que pretendía aplicar el Gobierno era de 4,8 billones, lo que representaba un recorte cercano al 30% respecto a lo legislado.
El conflicto escaló luego de que el Congreso ratificara la ley tras un veto presidencial inicial. Si bien el Ejecutivo terminó promulgando la norma en octubre pasado, lo hizo bajo la condición de mantenerla suspendida hasta que el Legislativo detallara las fuentes de financiamiento.
Ante la falta de partidas presupuestarias adecuadas para el ciclo 2026 y la apelación presentada por la Procuración del Tesoro contra una cautelar previa de diciembre de 2025, la Justicia finalmente decidió blindar la ley. El tribunal consideró que el financiamiento de la educación superior no puede quedar sujeto a interpretaciones discrecionales del presupuesto cuando existe una ley específica vigente.
Con esta resolución, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Economía deberán readecuar las partidas de forma urgente para cumplir con el porcentaje de recomposición salarial que, según la ley, debe hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación.
