El Mercado de Abasto atraviesa una de sus crisis administrativas más profundas. Según reveló Mariela Romero, Secretaria de Protección Ciudadana, la institución enfrenta un "alto nivel de morosidad" que ha escalado hasta cifras críticas, poniendo en tensión la relación entre los operadores comerciales y el Estado Municipal.
La funcionaria fue contundente al dimensionar el agujero financiero que hoy presenta el mercado: "La deuda total que se registra actualmente es de 175.600.000 pesos aproximadamente". Esta deuda no es nueva, sino que arrastra incumplimientos desde el año pasado e incluso periodos anteriores.
Lo más alarmante, sin embargo, es la generalización del incumplimiento. Al ser consultada sobre el volumen de deudores, Romero confirmó una estadística demoledora: "Tenemos un 90% aproximadamente" de puesteros que no están al día con sus obligaciones afirmó a LA BRÚJULA
Desde la administración municipal subrayan que la situación es difícil de justificar, dado que los montos fijados por ordenanza son sumamente accesibles en comparación con el mercado inmobiliario tradicional.
"Los cánones que se pagan son simbólicos... son los más bajos que tiene la ordenanza impositiva", explicó Romero.
Actualmente, los valores oscilan entre los 3.000 y 3.500 pesos el metro cuadrado para naves y depósitos, mientras que los productores de verdeo en pasillos abonan apenas 1.500 pesos por metro cuadrado. Además, se habilitó una resolución especial para permitir planes de pago en efectivo, atendiendo a un pedido directo de los puesteros que manifestaron no operar con tarjetas de crédito.
Pese a las facilidades, la respuesta de los comerciantes ha sido insuficiente. La funcionaria admitió que existe un "clima de tensión" debido a las exigencias de saneamiento y mantenimiento del predio, lo que ha generado resistencias internas.
Ante la falta de voluntad de pago tras las notificaciones enviadas, el municipio recordó que los instrumentos legales para actuar ya están firmados. "Ellos tienen firmado un convenio... una de las cláusulas dice que por falta de pago se puede dar de baja", advirtió Romero, dejando abierta la posibilidad de desalojos o rescisiones de permisos para aquellos que no regularicen su situación en el corto plazo.
