El proyecto de desregulación inmobiliaria impulsado por el Gobierno Nacional, cuya llegada al Congreso de la Nación está prevista para el próximo mes de junio, ha encendido las alarmas en el arco profesional de Catamarca. En dialogo con LA BRÚJULA , el presidente del Colegio de Abogados de Catamarca, Rafael Santa Cruz, analizó con severidad las implicancias de esta medida, asegurando que detrás del argumento oficial de reducir costos se esconde una amenaza directa a la institucionalidad y al ordenamiento legal vigente.
"Lo que nosotros vemos es que en el fondo es un avasallamiento hacia los colegios profesionales, hacia el mercado y hacia las cuestiones económicas de ciertos sectores de la sociedad", disparó el letrado, diferenciando la postura judicial de la narrativa del Ministerio que conduce Federico Sturzenegger. Según explicó Santa Cruz, la iniciativa pretende suprimir requisitos fundamentales de la actividad: "Se pretende eliminar la obligatoriedad de contar con matrículas profesionales".
Para el especialista y dirigente de la colegiación local, el eje central de la problemática radica en la desprotección a la que se expondrá la ciudadanía en general al eliminarse los controles de idoneidad. "Por generar una libertad, como ellos pretenden, porque siempre el camino es hacia ese lugar... en este caso considero más un libertinaje más que una libertad", cuestionó con dureza.
Esta flexibilización, de acuerdo con su análisis, dinamita las bases de las garantías contractuales en las transacciones de bienes:
"Eso tiene una connotación, una consecuencia directa con lo que llamamos seguridad jurídica, o con lo que llamamos la seguridad social para uno poder comprar un inmueble. Si no, cualquier persona va a poder funcionar como intermediario vendiendo cualquier cosa y ahí van a empezar a surgir problemas de distinta índole."
Entre los conflictos técnicos y registrales que prevé el Dr. Santa Cruz si se prescinde de los profesionales matriculados, se destacan los "problemas de que no se hicieron los estudios de título de manera correcta, problemas en que no se hicieron los contratos de manera correcta, problemas en que no se destacaron o no se vieron los límites pertinentes de cada terreno".
La desregulación no solo afectará el desarrollo de los negocios, sino que también alterará de forma estructural la retribución económica de los profesionales involucrados y el funcionamiento de las instituciones públicas. Ante la inminente eliminación de aranceles fijos y la introducción de un libre acuerdo entre partes, Santa Cruz ratificó: "Justamente lo que él pretende en este caso, o el Gobierno Nacional pretende, es la flexibilización y la eliminación de aranceles mínimos estipulados por colegios profesionales, tanto mínimos como máximos, y el tema de poder pactarlo de manera libre". Recordó que, en el formato actual, "tenés en el caso de las ventas un 3% de un lado, un 3% del otro", lo cual representa "el pan nuestro de cada día" para múltiples disciplinas encargadas de dar transparencia a las operaciones.
Lejos de tratarse de un reclamo meramente corporativo, el presidente del Colegio de Abogados hizo especial hincapié en que el daño final recaerá sobre el sistema judicial de la provincia, que ya se encuentra al límite de su capacidad operativa:
"Lo consideramos de gravedad extrema... porque esa desregulación genera también un problema dentro del aparato judicial, el cual está colapsado. Le seguís metiendo más y más problemas para colapsarlo más. (...) Después vas a tener que verte en tribunales, enroscado en una causa 5, 6 o 7 años para que ese terreno sea tuyo o la venta se termine de concretar o se solvente algún problema."
Frente a este escenario de incertidumbre regulatoria a nivel federal, el entrevistado defendió las normativas vigentes en el territorio catamarqueño, destacando de manera particular la vigencia de la Ley Provincial 5805, sancionada en julio de 2023, la cual "es la que crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios y regula el ejercicio del corretaje inmobiliario". Asimismo, enfatizó que "el liberal va a tener que ver todo ese paquete de leyes y códigos que son de orden público, a ver cómo adapta esa situación para lo otro".
Santa Cruz apuntó que los profesionales idóneos poseen herramientas individuales para resguardarse, pero advirtió que la desprotección recaerá de lleno sobre el resto de la población: "El resto de los ciudadanos que tienen otra profesión, que ejercen otro oficio... tienen una desprotección absoluta porque no saben si lo que están comprando está dentro de las reglas y los parámetros legales o normados". Por ello, ponderó el rol del asesor legal y técnico, cuyo propósito es lograr que "las personas que compren o vendan o alquilen se sientan seguros dentro de una plataforma de seguridad, dentro de una burbuja de seguridad".
Hacia el cierre de la entrevista, el dirigente judicial adelantó los pasos a seguir por las entidades profesionales locales y nacionales. Confirmó que este jueves participará de un nuevo "Encuentro Federal de la Abogacía" en la provincia de Córdoba, donde se darán cita presidentes de colegios de todo el país para unificar criterios y emitir una respuesta conjunta. Además, precisó que en el plano local se avanza firmemente para "reflotar una federación de colegios profesionales de la provincia de Catamarca", un bloque que actualmente nuclea de manera informal a más de 25 instituciones.
"Nosotros con estos avasallamientos creemos segundo tras segundo que tenemos que estar todos unidos. Porque primero van por un grupo de colegios, después van a ir por más, más y más... y cuando te des cuenta, al final, no va a tener sentido estar colegiado o que cualquier persona pueda hacer cualquier cosa. Entonces, ¿para qué estudio, para qué me preparo, para qué me armo?", concluyó el letrado, ratificando la voluntad del sector de acudir a la vía judicial si el Ejecutivo Nacional no retrotrae la medida.
