
El impacto de la desregulación: "Hay una situación de desprotección de la actividad turística"
La desregulación de los servicios turísticos en el país, impulsada inicialmente a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y ratificada posteriormente en la Ley Bases, generó una profunda preocupación en el sector. En una entrevista con LA BRÚJULA, la diputada provincial de Catamarca, Natalia Ponferrada, alertó sobre el panorama actual y afirmó que se avanzó hacia un escenario complejo: "Se ha generado una situación de desprotección de la actividad turística por la cual se trabajó durante años para lograr una calidad, una profesionalización, que de repente está en suelos movedizos".
Para la legisladora, el origen de esta problemática radica en las normativas del Gobierno Nacional que eliminaron las exigencias regulatorias previas. "Cuando salió el famoso DNU 70 en el 2023, porque ese es el génesis de todo lo que está pasando en muchos temas, pero en particular en la actividad turística, donde el Gobierno Nacional incluye la desregulación de la actividad", explicó Ponferrada, añadiendo que la medida quedó firmemente asentada en la posterior reforma legislativa.
El núcleo del conflicto, según el análisis de la diputada, golpea de manera directa a los trabajadores formales y capacitados, abriendo el mercado de forma irrestricta. Al respecto, sentenció que ante la pregunta de quiénes ganan y quiénes pierden con estas modificaciones, la respuesta es unánime: "Para mí, todos pierden. Pierden primero los profesionales en turismo. Desde el guía, desde el licenciado, desde el técnico, desde el idóneo, porque cualquier persona sin título o sin una capacitación o una formación en la materia puede hacer lo que ellos realizan".
Esta apertura sin controles no solo afecta a los profesionales, sino que introduce una competencia desleal frente a quienes realizaron inversiones para cumplir con la normativa. Ponferrada detalló que ahora "cualquier persona puede dedicarse a hacer viajes sin el conocimiento, sin la obligación de los seguros, no existen multas". Esta falta de exigencias traslada de forma inmediata el riesgo a los usuarios, manifestándose en un deterioro generalizado de las prestaciones: "Todo el problema que esto trae aparejado para el usuario: que no le cumplen con el contrato realizado o con los servicios ofrecidos, con la calidad del servicio... sobre todo también empiezan los problemas de las estafas, los problemas de los transportes, la gente que queda varada en los aeropuertos porque los pasajes están sobrevendidos".
Asimismo, la desregulación alcanzó a los espacios naturales y culturales administrados por el Estado, un punto que la diputada calificó como crítico debido al rol que cumplen los trabajadores del sector en la preservación. "Se trabajó sobre la no obligatoriedad de contratar guías en los Parques Nacionales", detalló, recordando que estos son espacios protegidos. La medida, advirtió, "hace estragos en lo que es la profesionalización de los guías y del cuidado de los sitios de valor patrimonial, porque los guías tienen una formación, han estudiado para eso... ellos son los ojos que preservan y ayudan a la preservación de estos lugares".
Finalmente, Ponferrada abordó el limitado margen de acción que poseen los distritos ante el marco legal nacional vigente, reconociendo que "es muy complicado cómo está planteado el panorama en la actualidad" debido a que, al no contar con un respaldo normativo federal, las provincias se encuentran limitadas para emitir leyes u ordenanzas en contradicción. No obstante, planteó una estrategia para mitigar los daños a nivel local, asimilando el escenario al de los alquileres temporarios: "Creo que nos tenemos que enfocar a tratar de trabajar en conjunto y sostener por lo menos el registro, por lo menos los registros existentes: los registros de guías, los registros de agencias de viajes, los registros de los prestadores de servicios que dan un poquito de, digamos, protección al Estado provincial o a los Estados municipales". Junto con esto, instó a avanzar en "campañas de sensibilización" bajo la premisa de "no contrate servicios que no estén registrados, que no estén avalados, que no estén autorizados".


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