El conflicto desatado por el cierre definitivo de la fábrica de neumáticos Fate escaló este martes a una instancia judicial crítica. Tras el anuncio de la compañía de finalizar sus operaciones en la planta de Virreyes y despedir a 920 empleados, la Justicia ordenó el inmediato desalojo de los operarios que permanecen ocupando el predio.
La medida pone fin a más de ocho décadas de historia industrial de la firma en la zona y abre un escenario de alta tensión. La decisión empresarial fue comunicada de manera abrupta: los trabajadores se enteraron al llegar a su turno y encontrarse con un cartel que informaba el cese total de actividades.
La intervención judicial
La situación se agravó con el correr de las horas. El fiscal Marcelo Fuenzalida solicitó la recuperación urgente del establecimiento ubicado en Almirante Blanco Encalada 3003. En su resolución, ordenó la "inmediata restitución a favor de sus titulares", aunque aclaró que la medida no restringe el derecho a manifestarse fuera del inmueble.
La fiscalía fundamentó la orden tras constatar, mediante testimonios y registros de video, que un grupo de personas ingresó a las 6:30 de la mañana ejerciendo violencia. Según el reporte judicial, hubo rotura del alambrado perimetral, daños en los accesos y resistencia a abandonar el lugar por parte de al menos dieciséis personas que ocuparon la terraza.
Conciliación y reclamo gremial
Mientras la Policía Bonaerense desplegaba un operativo en las inmediaciones, el Gobierno nacional intentó mediar en el conflicto laboral. Pasadas las 13:00, la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria por 15 días con el objetivo de abrir una mesa de diálogo.
Sin embargo, la tensión persiste dentro de la planta. Alejandro Crespo, referente sindical, manifestó la postura de los empleados: "Los trabajadores que somos parte de la fábrica estamos esperando que nos den una tarea. No hemos tenido contacto con una orden de desalojo que hayamos podido visibilizar, aunque la policía nos indicó si nos podíamos retirar".
Por su parte, la empresa notificó que, junto con el cese de operaciones, asume el compromiso del pago de las indemnizaciones legales correspondientes. Fate había reforzado previamente su seguridad privada ante la previsión de conflictividad, argumentando la inviabilidad de continuar con la producción.
