El inicio del ciclo lectivo universitario se encuentra bajo una amenaza directa tras la decisión del Gobierno Nacional de enviar un nuevo proyecto de ley que busca modificar la Ley de Financiamiento Universitario, la cual ya cuenta con ratificación legislativa y respaldo judicial. En una entrevista reciente, Oscar Arellano, Rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), fue tajante al señalar la estrategia oficial para evitar la aplicación de la norma vigente.
El núcleo de la disputa radica en que la ley actual establece la recuperación de los salarios caídos a diciembre de 2024, reconociendo una pérdida del 30% del poder adquisitivo sufrida entre fines de 2023 y 2024. Según explicó Arellano a LA BRÚJULA, el nuevo proyecto enviado por el Ejecutivo "desconoce lo del 24" y propone, en su lugar, una actualización de solo 12,3 puntos para el año 2025.
Este incremento se pagaría en tres cuotas de 4,1% en los meses de abril, junio y septiembre. Para el Rector, esta maniobra tiene un objetivo claro: "De aprobarse la nueva ley, dejaría sin efecto la anterior y lo actuado anteriormente", desactivando incluso los dos dictámenes de la Justicia que hoy exigen la efectivización del financiamiento original.
Más allá de la técnica legislativa, el Rector advirtió sobre las consecuencias sociales de desfinanciar el sistema:
"Sin educación lo que se hace es someter a la gente a la pobreza eterna, no tener posibilidad de mejor desarrollo personal ni de vida ni acceder a un mejor trabajo".
Ante este escenario de incumplimiento, los gremios docentes y no docentes han ratificado un plan de lucha que afectará seriamente el calendario académico:
