En una jornada que fue calificada como "histórica" y "sorprendente" por las organizaciones de familiares de víctimas de tránsito, la Comisión de la Cámara de Diputados de la Nación logró reunir un consenso inusual entre todos los bloques políticos para avanzar en la reforma del Código Penal. El objetivo central es endurecer las sanciones contra quienes causan muertes al volante bajo condiciones de imprudencia grave, como el exceso de velocidad o el consumo de alcohol y drogas.
Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, expresó en LA BRÚJULA su satisfacción tras participar del debate en el Congreso, donde se busca modificar la escala de castigos para los delitos viales. "Quedamos altamente sorprendidos cuando llegamos y estaba todo totalmente lleno de diputados, de asesores... ya eso fue una cosa totalmente llamativa", relató , contrastando esta convocatoria con intentos fallidos de años anteriores.
La propuesta debatida establece una diferenciación clara entre lo que se considera un "accidente" fortuito y un "siniestro" o "homicidio vial" con agravantes. Según explicó González, el proyecto busca que la justicia actúe con mayor severidad cuando existen múltiples factores de riesgo.
"Esta modificación al Código Penal apunta a que se termine la impunidad en los hechos viales. Cuando hay más de dos o tres agravantes, se van elevando las penas", detalló la referente de Estrellas Amarillas.
La reforma contempla tres escalas penales específicas:
Sobre este último punto, González fue tajante respecto a la peligrosidad de ciertos conductores: "Estamos hablando de un tipo que va alcoholizado, que va a exceso de velocidad y que te pasa un semáforo en rojo. Esa persona queda detenida en el momento, le sacan la licencia de conducir y tiene que esperar su juicio [detenido]".
Para Silvia González, esta reforma no es solo una cuestión legislativa, sino una misión personal que nació tras la muerte de su hijo, en el año 2003. El niño de 7 años fue atropellado por un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol y las drogas, quien además se dio a la fuga.
Recordó con dolor que el responsable de la muerte de su hijo ya tenía antecedentes penales por un robo violento, pero su pena había sido reducida. "Ese hombre tendría que haber tenido ocho años de prisión... pero tuvo muy buenos abogados y salió en tres años. A los seis meses de salir, mata a mi hijo", sentenció.
Tras décadas de lo que González define como "negaciones" y "oposiciones" en el ámbito parlamentario, el panorama parece haber cambiado definitivamente. "Hace 20 años que estamos tratando de hacer esto... [ahora] parece que en 15 o 20 días se bajaría al recinto", anticipó con esperanza.
El avance de esta ley representaría el cierre de un ciclo de dolor y militancia para cientos de familias en todo el país, incluidas las de Catamarca, quienes han acompañado el proceso. "Ojalá que esta ley realmente sea disuasiva y ojalá que nuestros familiares finalmente puedan descansar en paz y sentir que sus muertes no fueron en vano", concluyó la presidenta de la Fundación.
