La Brújula
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó este martes avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del empresario Lázaro Báez y del resto de los condenados en la causa Vialidad. La decisión judicial responde a la falta de pago de la pena económica impuesta, cuyo monto actualizado asciende a $684.990 millones (aproximadamente 500 millones de dólares).
La resolución lleva la firma de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes dispusieron la medida tras vencerse el plazo de diez días hábiles otorgado a los condenados para cubrir el monto de manera voluntaria.
El alcance de la medida
El decomiso abarca un total de 122 bienes inmuebles identificados por la Justicia como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados al patrimonio de los condenados durante el período en que se ejecutó la maniobra de defraudación al Estado (mayo de 2003 a diciembre de 2015).
Entre los activos que serán ejecutados y vendidos se destacan:
Propiedades de la familia Kirchner: Incluye un inmueble a nombre de la ex mandataria y un conjunto de bienes que habían sido cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Grupo Austral: Propiedades pertenecientes a Lázaro Báez y a sus empresas (Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto).
Ubicación de los bienes: Terrenos, hoteles y departamentos situados en la provincia de Santa Cruz y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fundamentos del fallo
El tribunal rechazó los planteos de las defensas, que argumentaban la inexistencia de un nexo causal directo entre los bienes y el delito, así como supuestos sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito.
En su fallo, los magistrados subrayaron que:
Existe un circuito probado de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública, caracterizado por sobreprecios y falta de controles.
El decomiso no exige una trazabilidad contable exacta, sino una "vinculación razonable" con los beneficios de la maniobra delictiva.
La recuperación de activos es un principio fundamental avalado por tratados internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
El tribunal advirtió además que una interpretación restrictiva del decomiso podría favorecer la "impunidad económica" en casos de corrupción estructural.
El reclamo de la Fiscalía
La orden judicial se alinea con el pedido realizado recientemente por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían instado al tribunal a proceder "de manera inmediata" ante la falta de pago solidario.
"El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar... Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes", había declarado el fiscal Luciani días atrás en un evento del Rotary Club.
Destino de los fondos
Una vez realizada la tasación y venta de los activos, el tribunal informó que lo recaudado será comunicado a la Corte Suprema de Justicia. Se ha instado a garantizar que los fondos recuperados se destinen a reparar el daño social causado, con especial énfasis en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial se vio severamente afectada por las obras inconclusas que motivaron la condena.
