La medida busca generar una mayor competitividad y oferta en el mercado interno.
Argentina y el Mundo05 de agosto de 2025
El Gobierno nacional concretó la eliminación de limitaciones fiscales sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias para empresas radicadas en Tierra del Fuego, mediante el Decreto 535/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La medida busca bajar los costos en las ventas directas a consumidores finales desde el Área Aduanera Especial (A.A.E.), para generar una mayor competitividad y oferta en el mercado interno.
Al respecto, la normativa argumentó la decisión “con el fin de remover los obstáculos que afectan la competitividad de la industria fueguina y asegurar una mayor oferta de los productos originados en dicha jurisdicción”.
Las restricciones eliminadas imponían condiciones al cómputo del crédito fiscal presunto en IVA y también limitaban deducciones y beneficios en Ganancias, particularmente en operaciones con consumidores finales, empresas vinculadas o intermediarios.
El decreto explicó que dichas limitaciones fiscales “operan como un factor que resta competitividad a los productos fabricados en el Área Aduanera Especial (A.A.E.), afectando la sostenibilidad del polo industrial”.
Asimismo, remarcó que “el actual contexto macroeconómico nacional, signado por la consolidación de un programa de estabilización, la reactivación de la actividad económica y la implementación de políticas de apertura comercial y desregulación, ha modificado sustancialmente las condiciones de competencia para la industria argentina en general y para la radicada en el A.A.E. en particular”.
De esta manera, el Gobierno consideró que “frente a este escenario de desventaja competitiva identificado, a partir de la experiencia recogida y a la luz del análisis del comportamiento del flujo comercial entre el A.A.E. y el Territorio Continental de la Nación (T.C.N.), se considera conveniente optimizar la articulación del régimen industrial, teniendo en cuenta la dinámica actual entre ambas regiones”.
De esta manera, estimó oportuno “adoptar medidas que fortalezcan y dinamicen la actividad de las empresas que han asumido el compromiso de acompañar los objetivos estratégicos de desarrollo planteados en el Decreto N° 727/21”, con la adhesión a la citada norma que prorrogó la vigencia del régimen de promoción industrial hasta el 31 de diciembre de 2038.
Las empresas beneficiarias deberán acreditar que sus productos son originarios del A.A.E., conforme lo establece la Ley 19.640, para aplicar al nuevo tratamiento tributario durante el plazo de vigencia de la promoción.
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La decisión fue adoptada por el Cuerpo Directivo en su reunión del 15 de octubre, luego de analizar la situación nacional y las posibilidades del organismo, con el objetivo de continuar fortaleciendo la cobertura social de los trabajadores rurales que se encuentran en situación de desempleo y atraviesan una coyuntura complicada en lo familiar.
Se trata de un espacio académico que promueve la reflexión y el intercambio sobre la responsabilidad social empresaria y la sostenibilidad, organizado por la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas.
El Dr. Rubén Lejtman, presidente de la DAIA en Catamarca, analiza el reciente cese al fuego, destaca la posibilidad de liberación de ciudadanos argentinos y reflexiona sobre el futuro de Medio Oriente a partir del acuerdo.
Durante la audiencia, el joven reconoció su responsabilidad, manifestó barrepentimiento y expresó su voluntad de modificar su conducta. El Defensor valoró que actualmente trabaja y se encuentra en tratamiento por adicción a drogas, aspectos que fueron adheridos por la Fiscalía.
Un experto abogado laboralista analizó el proyecto que tomó nuevo impulso y alertó que permitiría jornadas de 12 horas, el pago de sueldos con alimentos y la eliminación de la indemnización por despido, que sería reemplazada por un fondo pagado por el propio trabajador.
La fiscal Yesica Miranda solicitó la medida tras la indagatoria. El lunes se realizará la audiencia de control de detención para el principal acusado, Leopoldo Nicolás Seco.
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El espacio, ubicado en un punto turístico estratégico, busca formalizar productores y agregar valor a la producción local. Inicialmente reunirá a 20 cooperativas y ofrecerá desde alimentos hasta textiles, con mano de obra 100% catamarqueña.
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