El debate sobre la responsabilidad parental ante los casos de violencia escolar ha cobrado un nuevo impulso en la Legislatura de Catamarca. Tras la reciente sanción de una normativa en la provincia de Mendoza que penaliza a los padres de menores agresores, el diputado provincial Juan Carlos Ledesma (Frente de Todos) confirmó su intención de acelerar el tratamiento de un proyecto de ley de características similares, diseñado para establecer un marco legal de responsabilidades ante el bullying.
En diálogo con LA BRÚJULA, Ledesma ratificó la vigencia de su iniciativa, que busca ser el "puntapié inicial" para abordar una problemática que, según el legislador, requiere de una intervención estatal más firme ante el agotamiento de las instancias pedagógicas tradicionales.
Multas y trabajo comunitario: el eje de la propuesta
El proyecto catamarqueño guarda estrecha similitud con la ley mendocina. Según detalló el diputado, el texto prevé un esquema de sanciones que recae directamente sobre los tutores de los menores involucrados en actos de acoso escolar.
"Hay multas que arrancan desde los 300.000 pesos y superan el millón de pesos", explicó, aunque se apresuró a aclarar el espíritu de la norma: "La idea no es que esta ley sirva para recaudar fondos. Si se recaudara algo, sería para planes destinados a erradicar el bullying, pero el objetivo central es que los adultos responsables se sienten y se ocupen de la situación".
Además de las sanciones económicas, el proyecto contempla la obligatoriedad de realizar tareas comunitarias y asistir a talleres terapéuticos, buscando un abordaje integral que involucre a la familia en la reeducación del menor.
El debate jurídico: ¿Delito o Contravención?
Uno de los puntos más sensibles de la discusión legislativa gira en torno a la naturaleza punitiva de la norma. Recientemente, el Juez de Menores Rodrigo Morabito expresó su escepticismo sobre la eficacia de castigar a los padres, argumentando que el bullying no constituye un delito penal y advirtiendo sobre la judicialización de conflictos escolares.
Ledesma recogió el guante y diferenció su propuesta del ámbito penal criminal: "Coincido con el Dr. Morabito en que no podemos llevar todo a lo penal ni saturar a la justicia. Por eso, este proyecto es de carácter contravencional. Buscamos evitar que esto escale a un delito, actuando antes".
El legislador enfatizó que la sanción económica es la "última instancia". El protocolo propuesto establece una serie de pasos previos obligatorios:
Constitución de comités interdisciplinarios en las escuelas.
Citación y diálogo con las familias.
Intervención de tutores y preceptores.
Solo cuando estas instancias de mediación y acuerdo fracasan, o ante la inacción manifiesta de los adultos responsables, se activaría el mecanismo sancionatorio del Estado.
Un problema de salud pública y derechos humanos
El fundamento sociológico del proyecto radica en el impacto devastador del acoso escolar en las víctimas. Ledesma hizo hincapié en el sufrimiento silencioso de los estudiantes acosados: "Hay chicos que cambian su actitud, dejan de estudiar, no quieren salir e incluso llegan a autoflagelarse o, en los casos más tristes, a quitarse la vida. El Estado no puede mirar para otro lado".
El proyecto busca complementar la Ley Provincial 5402 (sancionada en 2014), dotando al sistema educativo y judicial de herramientas coercitivas que obliguen a las familias a involucrarse cuando el diálogo escolar no alcanza.
Estado Parlamentario
Actualmente, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Legislación General. Ledesma anticipó que buscará generar los despachos necesarios —ya sea por consenso o mayoría— en las próximas reuniones de los lunes, con la expectativa de que el tema pueda ser incluido en el temario de unas eventuales sesiones extraordinarias convocadas por el Gobernador.
"Esto sirvió como un disparador. Ya hay debate y los papás se están preguntando sobre su rol", concluyó el legislador, marcando que, independientemente de la sanción final de la ley, el tema ya está instalado en la agenda pública de Catamarca.
