La tensión entre las nuevas modalidades de transporte y las regulaciones municipales ha sumado un nuevo capítulo. Omar Moya, vocero de los trabajadores de Uber Moto, habló con LA BRÚJULA y confirmó que presentaron una nota dirigida a la presidencia del Concejo Deliberante.
El pedido: Legalidad y Tregua
El objetivo central no es evadir la ley, sino modificarla. "Lo que pedimos es que se nos regule, que se nos permita trabajar", sostuvo el vocero, haciendo hincapié en que la actividad representa el sustento diario para muchas familias en un contexto económico adverso.
El punto más crítico del reclamo es la solicitud de una tregua administrativa. Los conductores piden que, mientras los ediles debaten la viabilidad del servicio y estudian los antecedentes de otras jurisdicciones, el Municipio detenga la "cacería" de motociclistas y los consecuentes secuestros de unidades, cuyas multas resultan impagables para los trabajadores.
Uno de los argumentos más fuertes esgrimidos por Moya es la incongruencia en la normativa vigente. El vocero destacó que las motocicletas ya circulan legalmente realizando servicios de delivery (reparto de mercaderías), pero son penalizadas cuando transportan a una persona, a pesar de contar con los mismos seguros y medidas de seguridad.
"Hoy un chico en moto puede llevar una hamburguesa legalmente, pero si lleva a una persona es considerado ilegal. Esa es la contradicción que queremos subsanar", explicó Moya, subrayando que la seguridad vial no es el factor diferenciador en los controles actuales.
Un servicio que la sociedad demanda
Desde el sector defienden que Uber Moto no es una competencia desleal diseñada para destruir al transporte tradicional, sino una respuesta a una necesidad del mercado. Según Moya, el usuario elige esta opción principalmente por costos —siendo considerablemente más económica que un taxi o remis— y por agilidad en el tránsito urbano.
Próximos pasos
Los trabajadores de Uber Moto se mantienen en estado de alerta, esperando que la nota presentada derive en una mesa de trabajo conjunta. Advierten que, sin una regulación clara que contemple las nuevas tecnologías, la clandestinidad seguirá siendo la única opción, poniendo en riesgo tanto la economía de los conductores como la seguridad de los pasajeros al no existir un marco que los ampare.
